Consulta Popular y Democracia Directa, Algunas Consideraciones

26 Jul 2021 | Blog

El primero de agosto, los mexicanos tendrán la oportunidad de participar en un mecanismo de democracia directa, denominado “Consulta Popular”, que adopta la forma de plebiscito, mediante la consulta al electorado respecto de una decisión de carácter político. 

Los mecanismos de democracia directa son no sólo una ofrenda a la democracia ateniense, sino un imperativo moral ante la crisis de representación que afrontan buena parte de los Estados modernos y sus sistemas políticos. Son una oportunidad de legitimación. Algunos países, notablemente Suiza, implementan de forma continua y exitosa estos mecanismos. En México, desafortunadamente, el proceso constitucional para hacer uso de los mismos es ineficaz, restrictivo y oneroso. 

Es opinión del autor, que México le debe a su democracia pensar en una instrumentación simple, que efectivamente ponga el poder en mano de los ciudadanos. La razón por la cual estos mecanismos se implementan poco y nada en este país, y por la cual son complejos, radica en la histórica desconfianza del Estado Mexicano hacia sus ciudadanos. Sin embargo, valdría la pena preguntarnos si es más probable que 628 legisladores federales, con intereses económicos y políticos no declarados cometan un error, o si es más probable que decenas de millones de electores, que vivirán las consecuencias de su votación, cometan un error. La desconfianza parece estar del lado equivocado, especialmente a la luz de los hechos.

Ahora bien: ¿de qué se trata? La pregunta que tendrá que ser respondida por el electorado, es la siguiente:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Las respuestas posibles son sí y no. Por supuesto, cualquier elector puede optar por no votar y/o de cualquier forma anular su voto. ¿Entonces, qué se votará? La respuesta es que la votación indicará si debe, o no, llevarse a cabo la creación de mecanismos institucionales para investigar, y en su caso informar o denunciar, decisiones políticas y sus consecuencias. De ser afirmativa la voluntad mayoritaria, es posible esperar la creación de una Comisión de la Verdad, tal y como se ha hecho en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, y El Salvador, entre otros países. Formalmente, la pregunta es esa.

Si bien la consulta no lo refiere expresamente, el objetivo de los promotores de la consulta que actúan de buena fe, es indagar acerca de posibles hechos de corrupción y violaciones a Derechos Humanos en la llamada “Guerra contra el Narco”, iniciada por grupos criminales y declarada por Felipe Calderón en 2006. Lo anterior, sin perjuicio de hechos de la misma naturaleza cometidos en otros períodos relevantes de la historia reciente de este país.

Es importante tomar en cuenta, como se mencionó, que la consulta popular en este caso se trata de un plebiscito, y como tal, es una decisión de carácter político-constitucional, y no es una decisión con fuerza legislativa / regulatoria desde la perspectiva de aprobar una ley o un acto administrativo concreto. NO se votará si Felipe Calderón u otra persona debe ser enjuiciada, o siquiera si debe abrirse una carpeta de investigación en su contra. 

Se votará acerca de la investigación de procesos y sucesos políticos, y sus consecuencias. Se trata, pues, de un mecanismo jurídico que pretende ir más allá de lo estrictamente legislativo, y someter a consideración de los ciudadanos una política. Por ende, el problema de la consulta no es jurídico. El problema radica en la mediatización de la pregunta. 

La consulta ha sido impulsada por el presidente Constitucional de México, Andrés Manuel López Obrador, y ha sido públicamente conocida (y promocionada) como la “Consulta de los Expresidentes”. Contrario al espíritu democrático, diversos actores políticos y medios de comunicación han – erróneamente – señalado que la consulta se trata de decidir acerca del eventual enjuiciamiento de los expresidentes vivos de México (con la notable y preocupante excepción de Echeverría, impulsor y responsable de la llamada “guerra sucia” durante su mandato). 

Cabe pensar, aunque no podamos afirmarlo con certeza, que la intención del presidente era utilizar su capital político para obtener un mandato popular expreso que le permitiese enjuiciar a Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox y Ernesto Zedillo. Sin embargo, la aplicación de la ley (que no su validez o existencia) no se negocia ni está sujeta a la voluntad popular. Los derechos humanos, tampoco. 

En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, demostrando una responsabilidad política muchísimo mayor a la que nos tiene acostumbrados, aprobó y encaminó la Consulta, de tal manera que la pregunta no pudo ser – afortunadamente para el Estado de Derecho – acerca de si los expresidentes debían ser enjuiciados, sino que se encaminó, como ya se mencionó, hacia la creación de mecanismos institucionales de investigación. Sin embargo, desafortunadamente, la consulta aún se publicita por actores políticos (incluyendo el H. presidente) de forma distinta, tratándola de convertir en lo que no es: una consulta sobre si se juzgará o no a los expresidentes (lo cual sería notoriamente inconstitucional y violatorio de Derechos Humanos). 

Era natural esperar, al tratarse de un plebiscito, que la Consulta Popular presentase complejidades políticas en vez de complejidades jurídicas.

Aclarado que nadie votará acerca de si se enjuicia o no a cierta persona, y que el resultado de la elección NO cambia la situación jurídica de persona alguna, las preguntas que debemos hacernos para decidir si se participa o no en este ejercicio, y en qué sentido emitir el voto, son las siguientes: ¿México necesita una Comisión de la Verdad o un mecanismo similar de determinación de responsabilidades y esclarecimientos de hechos?, ¿puede una eventual Comisión de la Verdad contribuir a pacificar el país?, ¿ante la notable incapacidad de las autoridades ministeriales, la justicia no punitiva puede ser un mecanismo valioso?

Mi respuesta a las tres preguntas es que sí. Sin embargo, no participaré en la Consulta Popular. La votación que se avecina no es legislativa, sino política. Existen elementos que permiten suponer que el resultado, de ser afirmativo, será utilizado políticamente para justificar persecuciones a rivales políticos, y existen pocos elementos para creer que hay voluntad política para instaurar una verdadera Comisión de la Verdad. Celebro, pues, que se lleve a cabo la consulta, y si votase, votaría que sí, estoy de acuerdo. Creo, firmemente, que el pueblo mexicano no sólo está listo, sino que merece, participar cada vez más en mecanismos de democracia directa. Pero no creo que los políticos mexicanos estén listos.

Por: Santiago Brusco

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